Industrias Extractivas Y La Misión De La Iglesia

CELAM*

La Iglesia no puede ser indiferente a las preocupaciones, las angustias y la tristeza de las personas, sobre todo de los pobres y afligidos. Por ello el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) con el apoyo de MISEREOR, organizó un seminario sobre “Industrias extractivas y la misión de la Iglesia” durante los días 14 al 16 de junio de 2011 en Chaclacayo, Perú. Participaron arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, líderes sociales, profesionales y académicos de 17 países de América Latina, El Caribe, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Europa. 

Crecimiento irracional de industrias extractivas 

En la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, hay una expansión acelerada de las industrias extractivas, formales e informales, cuyas actividades tienen, muchas veces, impactos negativos en la vida de las poblaciones aledañas. Como dice el documento de Aparecida: “...hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región” (DA 43). 

EL PLANETA HERIDO

Demanda de materias primas 

Existe una demanda cada vez mayor de materias primas tanto por parte de los países emergentes como de los países industrializados. Algunos de éstos últimos, incluso, han desarrollado estrategias de mediano y largo plazo para garantizar su abastecimiento, llegando a declarar dicho abastecimiento como un interés de seguridad nacional. 

Contaminación y enfermedades 

Se ha comprobado que el desarrollo de actividades industriales para la exploración y explotación minera y de hidrocarburos genera una liberación, dispersión y deposición de productos químicos y residuos de diversa naturaleza, tales como cianuro de sodio, plomo, arsénico, uranio, mercurio y otros metales pesados. Ellos contaminan directamente o por infiltración, los recursos hídricos (glaciares, lagos, ríos y el agua en el subsuelo), el aire y el suelo. En algunos casos la contaminación perdura por miles de años, provocando graves enfermedades y mutaciones genéticas. Este hecho, sumado a la destrucción de suelos (lixiviación) y de paisajes – que para algunas comunidades indígenas son considerados sagrados-, perjudica sensiblemente la calidad de vida tanto de las personas como de animales y plantas. Se constata la aparición y el incremento de enfermedades entre los pobladores del lugar y de las comunidades aledañas afectadas por la actividad minera. En la mayoría de los casos los trabajadores y pobladores quedan abandonados a su suerte. 

Migración 

Las industrias extractivas que no manejan correctamente el recurso hídrico, afectan el derecho humano al agua como bien público, la producción de alimentos y la agricultura. Eso provoca migración, convirtiéndose comunidades enteras en “refugiados ambientales”, víctimas de una economía informal y en ciertos casos por la actividad formal de índole neoliberal basada fuertemente en el extractivismo y la venta de materia prima en el mercado mundial. Ello trae como consecuencia la ruptura de los invalorables proyectos de vida de las comunidades. 

Concentración de territorios

Se observa a la vez una creciente concentración de derechos de la propiedad y del uso concesionario de tierras en las manos de empresas transnacionales que, en muchos casos, también ejercen un fuerte control social sobre amplios territorios. 

Mucha tecnología y poca mano de obra 

Las empresas extractivas y, sobre todo la minería, son actividades que requieren mucha tecnología y emplean poca mano de obra. Es cierto que se generan puestos de trabajo, pero éstos son por tiempos limitados y, en muchos casos, en situaciones de sub-contratas laborales que lesionan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

Grandes ganancias frente a baja tributación 

Los aportes tributarios de las empresas extractivas incrementan sustantivamente los ingresos del Estado. Pero hay exoneraciones o convenios de estabilidad comercial, tributaria y ambiental que minimizan dichas aportaciones. En el caso de Centroamérica se ha generalizado una política de exoneraciones fiscales que han reducido las obligaciones tributarias a un rango de sólo 5%. Por eso en varios países de la región cuyas empresas han incrementado de manera considerable sus ganancias a causa del alto precio de los metales, se encuentra en debate el tema del impuesto a las sobre ganancias mineras. 

LOS ESTADOS 

El poder de las empresas transnacionales

Las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local. Muchas veces los gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la población que es la responsabilidad fundamental de todo Estado. 

Criminalización de la protesta social

Muchos de los conflictos socio ambientales se dan porque: “En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas” (DA. 84). Y cuando se generan conflictos no se han establecido mecanismos de diálogo, por lo que a menudo se tiende a criminalizar la protesta social. En muchas ocasiones las Fuerzas de Seguridad de los Estados, o privadas, atropellan los derechos de las poblaciones. A veces grupos guerrilleros armados o paramilitares están involucrados en la explotación de los bienes naturales. 

Consulta previa y Estudio de Impacto Ambiental

De parte del Estado a menudo no se practica la consulta previa a los pueblos indígenas, posibles de ser afectados, la cual debe ser ejecutada a través del Estado sin delegación a los sectores privados, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT en su Art.6.2, y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en su Art.19. Frecuentemente los Estados son ineficientes en ejecutar las funciones públicas de revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la aprobación de las Certificaciones ambientales así como el monitoreo del desempeño ambiental de los emprendimientos. Ello genera contextos que son propicios para la corrupción y las relaciones impropias entre funcionarios públicos y el sector privado. Se debe garantizar asimismo un mínimo de libertad, información y buena fe con miras a alcanzar el consentimiento libre e informado de los pueblos implicados. 

LA IGLESIA 

Bienaventurados los perseguidos

Estamos en un escenario de incremento de los conflictos socio-ambientales en el Continente. Nos preocupa la situación de muchos agentes pastorales y líderes sociales, de defensores y defensoras de los Derechos Humanos así como a las personas que trabajan para la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales que vienen siendo amenazados, perseguidos. Pero Jesús los fortalece al afirmar: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos.”(Mt 5, 9–10). Nuestros pueblos anhelan un desarrollo que sea humano, integral, solidario y sostenible (cfr. DA 474c). 

LA TIERRA, CASA COMÚN Y LUGAR DE COMUNIÓN 

Somos administradores de la creación

Según la fe cristiana nuestra tierra es creación de Dios. Por ello tenemos que tratarla con respeto. Los seres humanos, creados a imagen de Dios (Gen 1,26), están llamados a ser administradores responsables de los bienes de la creación. No tenemos el derecho de explotar los recursos de la tierra, “arrasando irracionalmente las fuentes de vida” (DA 471). Dios creó la vida en su gran diversidad (Gen 1, 11–12.20). Nuestro continente de América Latina tiene una de las más grandes variedades de flora y fauna de toda la tierra. (cfr. DA 83) Esta es una herencia gratuita y frágil “que recibimos para proteger” (DA 471). 

Los pobres, primeras víctimas

Vivir según el Espíritu de Jesús, nos llama a reafirmar la opción por los pobres, los destinatarios preferidos del Reino y las primeras víctimas de los efectos negativos del modelo socio-económico vigente y de los desastres naturales generados como consecuencia del cambio climático global. 

Somos parte de la “madre tierra”

En la búsqueda de un desarrollo integral y solidario nos inspira y nos ayuda la vivencia espiritual de los pueblos indígenas y afro descendientes quienes desde sus orígenes se sienten parte de la “madre tierra” y se relacionan con ella como “matriz de la vida”. En las culturas originarias hay un espíritu que descubre la sabiduría y la fuerza de Dios en la creación. Eso les incentiva a buscar el ‘Buen Vivir’. 

Actual modelo económico insostenible y desigual

El modelo económico actual se sustenta en la matriz energética de combustibles fósiles, en la persecución del lucro a todo costo y en una escalada de consumo, aparentemente sin límites, lo que conlleva la sobreexplotación y, por consiguiente, la creciente escasez de recursos naturales no renovables y el calentamiento global debido a la emisión de gases de efecto invernadero en conjunción con el agravamiento del fenómeno del cambio climático global... El deshielo acelerado de los polos, los glaciares tropicales andinos y la deforestación de la Amazonia son algunos síntomas, entre otros, de la insostenibilidad del modelo económico presente. Este modelo promueve la desigualdad y el individualismo y pone en peligro la sobrevivencia del planeta. Frente a ello Aparecida nos plantea el desafío de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario” (DA 474c).

USAR LOS BIENES DE LA CREACIÓN CON RESPONSABILIDAD CUIDADOSA ( Cfr. DA 471) 

Derecho a la información

Respecto de la consulta previa la Iglesia reafirma su compromiso de contribuir con la difusión de toda información amplia, plural y objetiva sobre el complejo tema de las industrias extractivas, así como de los beneficios y riesgos que ésta conlleva, a través de su red de radios y otros medios de comunicación. Con ello la Iglesia desea contribuir a que la población pueda estar informada y tomar una decisión fundada y crítica, elaborando propuestas alternativas para defender sus derechos vía la argumentación y el dialogo. 

Políticas sociales y económicas

La Iglesia se compromete a empeñar sus “esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza” (DA 474d). Para ello, en la pastoral se deben diseñar con creatividad acciones concretas que tengan incidencia en los Estados para la aprobación de políticas sociales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población y conduzcan hacia un desarrollo sostenible” (DA 403). 

Acompañamiento a los pueblos indígenas

La Iglesia afirma su compromiso que “como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio [...] y la defensa de sus derechos. Nos comprometemos también a crear conciencia en la sociedad acerca de la realidad indígena y sus valores, a través de los medios de comunicación social y otros espacios de opinión” (DA 530). 

Mons. Pedro Ricardo BARRETO JIMENO, S.J.

Arzobispo de Huancayo - Perú

Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad - CELAM 

Comisión de Tierra N° 16

Departamento de Pastoral Indígena

Agosto 2011 

La Comisión de Tierra de la Pastoral Indígena de la CEE presenta este documento “reducido” con el fin de facilitar su difusión y conocimiento en las comunidades para tomar conciencia de la problemática minera y petrolera que pone en riesgo el futuro de los Pueblos Indígenas y Campesinos de nuestro país. Es un documento que nace del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM. 

*presentación un poco reducida del Encuentro realizado por el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM en nombre de la Comisión de Tierra de la Pastoral Indígena.